Perú: Movilización contra la precariedad laboral en pandemia
Por: Luis Villanueva Carbajal (Secretario General de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú y miembro de la Secretaría de la UITBB)
Más de 15,000 trabajadores afiliados a la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) se movilizaron hacia el Congreso de la República el pasado 5 de noviembre para demandar el cese a la política de precariedad laboral del Gobierno implementada durante la pandemia.
Los trabajadores de la construcción nos movilizamos en demanda de la reactivación económica del sector construcción que hasta la fecha apenas emplea a 86,000 obreros de la construcción de los más de 450,000 existentes en todo el país. Es decir, más del 80% de obreros de construcción civil está desempleado en el Perú.
Sobre esta realidad, debemos señalar también que existe en el país un mercado laboral con alrededor de 75% de informalidad, por lo que muchos trabajadores no reciben todos los beneficios salariales y otros derechos laborales en las obras públicas o privadas donde laboran.
Ante esa informalidad y alto desempleo en el sector, hemos demandado la dación de un bono de 1000 soles para los obreros de construcción civil, utilizando la base de datos del Registro Nacional de Trabajadores en Construcción Civil (RETCC) que maneja el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), esto en el marco de la demanda de la CGTP de un bono para todos los peruanos mayores de edad para enfrentar el desempleo, la precariedad laboral, el hambre y la miseria que campea en el país.
Otra de nuestras banderas de lucha es la jubilación digna. Durante la dictadura fujimorista, en los años 90, se conculcó el derecho de los obreros de la construcción a la jubilación con 55 años de edad y 15 años de aportes al sistema público de pensiones, derecho obtenido por la alta eventualidad del trabajo y el gran desgaste físico que ocasiona envejecimiento prematuro. La dictadura fujimorista elevó este criterio a 20 años de aportes, por lo cual, con un trabajo eventual y en un mercado laboral mayoritariamente informal, solo el 9% de los trabajadores de la construcción alcanza una jubilación. Y en el sistema privado las pensiones son irrisorias. Ante ello, hemos demandado que el actual debate de una reforma pensionaria en el Congreso de la República establezca los criterios respectivos para que, rumbo al bicentenario de la Independencia, todos los peruanos obtengan una jubilación digna en 2021.
Así como luchamos contra un mercado laboral informal, un sistema de pensiones injusto y un desempleo mayoritario en esta labor que, además, es eventual, debemos batallar contra las mafias delincuenciales que se han enquistado en el sector construcción y que utilizan la extorsión y el asesinato para controlar las obras, muchas veces utilizando seudoorganizaciones sindicales de fachada. Hasta la fecha, son 19 los dirigentes de sindicatos afiliados a la FTCCP asesinados por estas mafias desde 2011. La lucha frontal contra la delincuencia organizada es otra de nuestras demandas.
Esta movilización se dirigió al Congreso de la República para exigir la revisión y derogatoria de los decretos publicados por el Gobierno que vulneran el trabajo digno de otros sectores económicos, que sufren la suspensión perfecta de labores, los ceses colectivos y los despidos masivos sin oportunidad para la reposición en el puesto de trabajo. Asimismo, el sector estatal abusa de los contratos administrativos de servicios (CAS) sin darles estabilidad a los trabajadores, incluso a aquellos sectores donde ha habido una gran cantidad de muertes por estar en la primera línea de atención contra el covid-19, como lo son los trabajadores de salud.
La movilización y plantón duró aproximadamente dos horas y media, recibiendo como respuesta del Gobierno la represión, siendo los trabajadores de la construcción los que resistieron hasta el último momento el embate de la policía y el camión rompe manifestaciones.
Los trabajadores de la construcción peruanos nos reafirmamos en la lucha por los derechos laborales y una nación más justa, donde los trabajadores y el pueblo no sufran los daños colaterales del sistema.